Fotografia archivo DCB
Chile vuelve a legislar empujado por la tragedia. Incendios arrasan territorios, comunidades quedan en vilo y, en medio del humo, el Congreso despacha la llamada Ley de Incendios. Esta vez, el proyecto avanza tras un cruce público entre la ministra vocera Camila Vallejo y la senadora Ximena Rincón, discusión que captó más titulares que el contenido de la ley misma.
Y ahí está el primer problema: cuando el debate político eclipsa el fondo, corremos el riesgo de aprobar normas sin mirarlas con lupa, especialmente desde regiones que viven la emergencia lejos del micrófono central.
Dicho con claridad: la Ley de Incendios apunta en la dirección correcta. Por primera vez se instala la prevención como eje central y no como un discurso decorativo de verano. Reconocer la interfaz urbano-rural como zona de alto riesgo es asumir una realidad que en regiones como Aysén conocemos bien: casas, parcelas y caminos conviven con bosque y matorral sin planificación ni manejo, y el resultado lo vemos todos los años.
También es un avance que la ley establezca deberes concretos para propietarios, públicos y privados. Cortafuegos, manejo de vegetación y medidas de protección no son castigos ideológicos: son sentido común. Durante décadas operamos bajo la lógica cómoda de que “el Estado apaga” y el resto mira. Esa cultura debe cambiar, sobre todo en territorios extensos, dispersos y de difícil acceso.
Pero ojo. Una buena idea puede transformarse en un mal resultado si se aplica sin criterio territorial. El riesgo de esta ley es que termine convertida en más burocracia, más permisos, más informes y más trabas, especialmente para el pequeño propietario rural. En zonas extremas como Aysén, donde mantener un predio ya es caro y complejo, exigir sin apoyar es simplemente injusto.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿quién paga la prevención? Si el Estado exige, debe acompañar con apoyo técnico, subsidios y gradualidad. De lo contrario, esta ley no castigará a los grandes actores con espalda financiera, sino al vecino que vive y trabaja la tierra, muchas veces lejos de servicios básicos y sin acceso expedito a asistencia técnica.
Otro punto delicado es el impacto en el desarrollo rural. Supeditar nuevas actividades a estándares preventivos es razonable, pero aplicado con rigidez puede frenar inversión, iniciativas productivas y asentamientos bien pensados. En regiones que luchan por atraer población y actividad económica, la prevención no puede transformarse en parálisis ni en una excusa para decidir todo desde un escritorio en Santiago.
Chile no necesita más leyes que se celebren el día de su aprobación y se olviden al año siguiente. Necesita normas que funcionen en terreno, con presupuesto, fiscalización real y sentido común territorial. Si la Ley de Incendios se implementa bien, puede salvar vidas, patrimonio y ecosistemas. Si se ejecuta mal, será otra buena intención archivada en el papel.
La verdadera prueba de esta ley no está en el Senado ni en las conferencias de prensa. Está en el próximo verano, en los caminos rurales, en las parcelas, en pueblos pequeños como los nuestros. Ahí sabremos si aprendimos algo o si, una vez más, legislamos cuando el fuego ya estaba prendido.
Por Carlos Campos Saigg
Diario Condores del Baker
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