La seremi de Gobierno, Bárbara Ortúzar, destacó la presentación de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, señalando que la iniciativa representa una definición política clara respecto del rol que debe asumir el Estado frente a las nuevas amenazas a la seguridad.
Coyhaique, 10 de agosto de 2026.- La seremi de Gobierno de Aysén, Bárbara Ortúzar, destacó los alcances de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), presentada por el Presidente José Antonio Kast y que contempla cerca de 30 iniciativas legales, además de una reforma constitucional orientada a fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad pública.
La autoridad regional señaló que la propuesta responde a una definición central del Gobierno: avanzar hacia un Estado con mayores capacidades para enfrentar organizaciones criminales, fortalecer el control de las fronteras, recuperar el control de los establecimientos penitenciarios y perseguir el patrimonio obtenido mediante actividades ilícitas.
“Aquí hay una definición muy clara del Presidente Kast: el Estado tiene que recuperar terreno frente al crimen organizado y volver a ponerse del lado de las personas que cumplen la ley. La seguridad no puede ser entendida solamente como una reacción frente al delito; necesitamos instituciones con herramientas suficientes para anticiparse, perseguir a las organizaciones criminales y evitar que sigan operando desde las cárceles o aprovechando nuestras fronteras”, afirmó Ortúzar.
Uno de los componentes centrales de la agenda es el proyecto de reforma constitucional ingresado por el Ejecutivo, que busca incorporar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado y establecer nuevas herramientas para enfrentar fenómenos asociados al crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.
Entre ellas se encuentra la posibilidad de establecer regímenes penitenciarios diferenciados para condenados por este tipo de delitos, crear registros oficiales de organizaciones criminales y establecer un nuevo estado de excepción de seguridad pública para enfrentar situaciones graves provocadas por estas organizaciones.
La seremi de Gobierno sostuvo que estas modificaciones forman parte de una estrategia más amplia y que deberán complementarse con la tramitación de los distintos proyectos que integran la ACOT.
“No estamos hablando de una medida aislada. Estamos hablando de una agenda que aborda distintas dimensiones de un mismo problema: fronteras, policías, cárceles, persecución penal y patrimonio del crimen organizado. El objetivo es que quienes delinquen encuentren un Estado más fuerte, coordinado y con mejores herramientas para perseguirlos”, agregó.
Ortúzar destacó además que esta discusión también resulta relevante para regiones como Aysén, considerando su extensa frontera y las particularidades territoriales que presenta la zona.
“Aysén tiene una realidad distinta a la de las grandes ciudades, pero precisamente por nuestra extensión territorial y nuestra condición fronteriza necesitamos un Estado que tenga capacidad de anticiparse. La seguridad también significa proteger nuestras fronteras y evitar que fenómenos criminales que hoy vemos con mayor intensidad en otras zonas del país encuentren espacios para instalarse en nuestra región”, señaló.
Finalmente, la vocera regional llamó a abordar la discusión legislativa poniendo en el centro la protección de las personas.
“Esperamos que esta agenda pueda ser discutida con responsabilidad y sentido de urgencia en el Congreso. Enfrentar el crimen organizado requiere instituciones fuertes, coordinación y herramientas modernas. Ese es el cambio que el Gobierno está proponiendo: que sea el Estado el que avance y no el crimen organizado”, concluyó.
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