Coyhaique, 16 de octubre de 2025.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de Jean Paul Labarca Cabrera, confirmando así la sentencia que lo condenó a 11 años de presidio efectivo por su responsabilidad como autor del delito consumado de homicidio simple, cometido en julio de 2024 en la capital regional.
En fallo unánime (causa rol 292-2025), la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros José Ignacio Mora Trujillo, Luis Aedo Mora y Natalia Rencoret Oliva, determinó que no existió error de derecho en la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, el cual desestimó la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos prevista en el artículo 11 N°9 del Código Penal.
El tribunal consideró que la versión entregada por el condenado no aportó antecedentes relevantes ni veraces que contribuyeran a esclarecer los hechos. Según se detalla en la resolución, si bien el acusado reconoció haber manipulado un arma blanca, su testimonio posterior —en que señaló haber sido atacado previamente por la víctima— no logró ser acreditado durante el juicio, restando sustento a la alegación de la defensa.
“La declaración prestada por el acusado no constituye un aporte relevante, efectivo ni veraz desde el punto de vista probatorio, en tanto no se logró demostrar la veracidad de su versión relativa a una agresión previa por parte de la víctima. Así, dicha manifestación no puede considerarse sustancial ni orientada al esclarecimiento de los hechos investigados”, señala parte del fallo.
De este modo, la Corte concluyó que la decisión del tribunal de primera instancia fue correctamente fundada y ajustada a derecho, manteniendo la calificación jurídica del delito y la sanción impuesta. En consecuencia, resolvió rechazar el recurso de nulidad, declarando que la sentencia y el juicio en que se basó “no son nulos”.
Desde el Ministerio Público, se valoró la resolución judicial como un acto de justicia y respeto al debido proceso. “Este fallo ratifica la solidez de la investigación y la correcta aplicación de la ley penal. Es fundamental que la comunidad confíe en el trabajo de los tribunales y en la importancia de que los hechos graves sean sancionados con el rigor que corresponde”, señaló un representante de la Fiscalía Regional de Aysén.
El caso, que conmocionó a la comunidad coyhaiquina en su momento, marca un precedente en materia de aplicación del derecho penal en la región, reafirmando la importancia de las pruebas rendidas en juicio y la veracidad de los testimonios como base esencial para la búsqueda de justicia.
Finalmente, las autoridades judiciales reiteraron un llamado a la responsabilidad social y la resolución pacífica de los conflictos, subrayando que toda forma de violencia tiene consecuencias graves e irreversibles, tanto para las víctimas como para quienes cometen los delitos.
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