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Coyhaique. Frente a las protestas que se han desarrollado en este último tiempo por trabajadores de empresas en quiebra de las distintas localidades, tanto en la carretera austral norte y sur de la región de Aysén, la diputada Raphael realizó una intervención en la Cámara Baja, para dar a conocer la situación de aquellas empresas que mantienen movilizados a sus trabajadores por no pagos de sueldo, términos de contrato, entre otros, donde las autoridades de Gobierno aún no logran dar soluciones concretas.

Ante la situación de empresas que licitaron con el Estado y se declararon en quiebra antes de cumplir con la obra a la que se comprometieron, la legisladora manifestó su profunda preocupación puesto que la problemática no solo afecta a los trabajadores y sus familias, sino que además a la población de las distintas localidades quienes, ante estas grandes obras, invierten en sus negocios para dar alojamiento y comida a los trabajadores que llegan desde otros lugares del país.

En tal sentido, la legisladora se refirió al hecho de que cuando socios de una empresa en quiebra que mantienen algún contrato con el Estado, y que no pueden cumplir con los servicios a los que se comprometieron, solo deben formar una nueva entidad, con un nuevo Rut para volver a licitar y obtener recursos públicos, motivo por el cual luego ocurren situaciones como las que se han vivido en el último tiempo, las que han ocasionado incluso cortes de ruta provocando grandes problemas en las pequeñas comunidades.

De acuerdo con ello, la Diputada de Aysén Marcia Raphael destacó “Esto no solo significa un tremendo gasto para el Estado, sino que afecta directamente a los trabajadores y proveedores locales. Ponernos de lado de las familias y enfrentar estos abusos es nuestra primera tarea, más aún de las autoridades de este Gobierno quienes tienen la responsabilidad de velar por la tranquilidad y seguridad pública de los habitantes de Aysén”.

Así mismo, dentro de su intervención la Diputada propuso que si una empresa que licitó quiebra y deja inconclusa una obra en la que se comprometió, la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), endurezca sanciones para aquellos dueños y/o socios de las mismas. Además de proponer que, al estar facultado el MOP a retener el dinero que corresponde a la remuneración de sus trabajadores, sean de igual forma retenidos los pagos para los proveedores locales de las distintas comunas donde se instalan las faenas de cada empresa.


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