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De manera decidida, sin considerar ni vacilar frente a las manifestaciones de violencia y terrorismo evidenciadas por parte de sus propios personeros, avanza el nuevo gobierno en su misión de instalar en la sociedad conceptos generales a nivel de normas, haciendo concesiones frente a la delincuencia cuando esta proviene de ciertos grupos, poniendo de esta forma en grave riesgo la integridad de la sociedad y el estado de derecho.

En una sociedad libre, las leyes deben ser aplicadas por igual a todos, de este modo se protege a la persona de las arbitrariedades que pudiera cometer quien ostenta el poder, para ello el estado de derecho nos debe garantizar igualdad ante la ley, debido proceso, un poder judicial independiente capaz de ejercer una justicia ciega, la garantía de no ser detenido por largos periodos sin juicio, ni de ser acosados por la autoridad, la presunción de inocencia y la certeza, estabilidad y viabilidad de las leyes.

Contraponiéndose a estos conceptos modernos, se intenta descubrir la vista de quienes deben ejercer la justicia, imponiendo una justicia que observa y con ello evalúa al sujeto, sus orígenes, género y según ello la ejerce, de esta manera es el propio estado de derecho el que se pone en tela de juicio.

La bondad y la piedad, que son los valores de base que el buen salvaje descrito por Rousseau posee parecen ser tomados de este imaginario y nublan la visión y razón de autoridades (constituidas y constituyentes), quienes idealizando esa imagen primitiva, no solo la extrapolan a un pueblo que se ha integrado, como todos lo hemos hecho, a la sociedad moderna, sino que peligrosamente la utilizan para ignorar o validar la delincuencia, cuando esta proviene de grupos que generan la barbarie, amparados por una supuesta causa ancestral.  

No solamente se actúa con esta desidia evidente que pinta de buenismo la delincuencia y desatiende a las víctimas, sino que además, esta agenda anacrónica se acompaña de intentos constitucionales por generar sistemas judiciales paralelos para pueblos originarios, o la aventura emprendida por el gobierno para influir en la forma de comunicación en medios, intentando limitar la opinión crítica y fundada, cuando a juicio del burócrata estas puedan causar estigmas en los pueblos originarios.

Contrariamente, parece cierto que tales estigmas, son causados por quienes de manera sistemática buscan generar más diferencias entre las personas, pues son ellos quienes, aferrados a esta visión idealista del buen salvaje, pretenden dividirnos y avalar como justa la vía de la violencia, para avanzar en autonomías territoriales, en cuya búsqueda lo que menos se visualiza es bondad y piedad, sino la coerción, abuso, violencia y crimen organizado.

Lo anterior dista mucho de promover la tolerancia y respeto frente a la cosmovisión de pueblos ancestrales, o avanzar en justicia social, pues contraviene el objetivo de integrarnos como pueblos diversos y aceptarnos como un tejido social rico. Probablemente, frente a actos de aceptación y escasa condena de la violencia, cuando esta se realiza bajo una bandera, sumado al esfuerzo permanente de cancelación frente a la opinión crítica, es el propio pueblo que se pretende resguardar el que se ve más afectado, por ello es necesario separar las cosas, condenando la delincuencia, abusos, violencia y el terrorismo, venga de donde venga y promoviendo la integración, unidad y confianza, para lograr conducirnos por un camino de voluntad general y bien común.

Recordemos que  Rousseau en el contrato social nos señalaba que todos los hombres nacen libres e iguales por naturaleza y que el estado de derecho se necesita para asegurar la libertad en convivencia y Carlos Rangel en la obra “Del buen salvaje al buen revolucionario” infiere que nosotros los hispanoamericanos somos a la vez los descendientes de los conquistadores y del pueblo conquistado.

¿Somos todos herederos del buen salvaje? Quizá conviene que como sociedad nos aceptamos de tal forma y así promoveremos la igualdad, la integración, la libertad y resguardaremos el estado de derecho.


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